La salud es la base de la vida. Es un derecho humano que está en la base de muchos otros derechos.
La salud depende mucho de hábitos saludables, de vivir sanamente. Una alimentación sana, hacer ejercicio, evitar excesos, prevenir accidentes y enfermedades son responsabilidad de cada persona para cuidar y ejercer su derecho a la salud.
Sin embargo, en una perspectiva social, la promoción de la salud, así como la prevención, detección temprana, tratamiento oportuno de las enfermedades, es decir, las diversas dimensiones del cuidado de la salud, son responsabilidad del sistema de salud.
Y por ley, la responsabilidad central es de las instituciones públicas: la Secretaría de Salud es la autoridad rectora. Y también de quienes prestan servicios: los servicios estatales de salud, el IMSS, el ISSSTE y las demás instituciones públicas.
Y ahí empieza el problema. En México el sistema de salud está fragmentado en múltiples instituciones, que carecen de coordinación. Todas reciben recursos públicos del presupuesto federal, pero en montos bien distintos, lo cual además genera desigualdad de trato.
La fragmentación institucional está vinculada a la segmentación para el acceso. La primera segmentación es entre quienes tienen afiliación a un sistema público y quienes no lo tienen. Según Coneval, 16% de la población (20 millones de personas) presentan carencia por acceso a servicios de salud. Es un primer segmento excluido.
Lo bueno es que la gran mayoría (más del 80%) sí tiene afiliación. Pero la segmentación es muy fuerte y relevante. La más importante se da entre derechohabientes y no derechohabientes a la seguridad social.
Durante las últimas décadas, alrededor del 60% de la población ha carecido de seguridad social. Y por ende, de los servicios de salud de las instituciones que financian su atención mediante ese esquema: IMSS, ISSSTE, “ISSSTEs” estatales, Pemex, Ejército, Marina.
La segmentación es el principal problema estructural para el ejercicio del derecho a la salud en México. Su contrapartida en fragmentación genera, además, problemas para establecer acciones efectivas de prevención y promoción, así como de atención oportuna y con calidad.
La segmentación y la fragmentación se originan desde el mundo del trabajo. Las leyes establecen que la seguridad social —que incluye acceso a servicios de salud, pero también otras formas de protección social, como pensiones y servicios de cuidado infantil— es una obligación patronal respecto de los trabajadores.
Ese modelo de salud, ideado en Alemania a fines del siglo XIX, presupone sociedades de “pleno empleo”. Asume que la modalidad de trabajo mediante la relación obrero/patronal alcanzará a la gran mayoría. Lo cual no ha sucedido en Europa, mucho menos en México y países de la región.
La tendencia global y en México va en sentido inverso. Muchos de los nuevos trabajos no están basados en la modalidad tradicional obrero/patronal, sino en plataformas de trabajo independiente y otras modalidades de subcontratación, trabajo temporal, contratos de honorarios, que permiten evadir los costos de las cuotas a la seguridad social.
Para garantizar el derecho a la salud, necesitamos romper el cordón umbilical que amarra el acceso a la salud con el trabajo. Gradualmente, también hay que romper las cadenas del conjunto de la seguridad social (ahorro para el retiro, pensiones, ingresos por incapacidad, enfermedad o desempleo, servicios de cuidado infantil).
La pandemia del Covid-19 nos ha abierto los ojos. Hay mayor sensibilidad sobre el valor e importancia de contar con servicios públicos de salud que sí funcionen y no dependan de la capacidad de pago de las personas. Ahora es un buen tiempo para debatir la ruta para construir un sistema público de salud como derecho de las personas. Como sucede en muchos países. Porque la salud es un derecho, no una prestación laboral.
Te invitamos a ver nuestra serie sobre el derecho a la salud. El primer programa así se trata este tema.
Rogelio Gómez Hermosillo
Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza es una iniciativa creada en 2015 con el respaldo de IMDOSOC, quien asumió el liderazgo para la convocatoria y pasos iniciales de un grupo amplio y plural formado por más de 60 organizaciones de la sociedad civil que respaldan esta iniciativa.
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